LUCHADORES POR LA PAZ

A 31 años del lamentable hecho

Comisión por la Justicia y la Verdad trabaja para que culpables de la masacre de Cantaura sean juzgados 

 POR MAYERLING JIMENEZ

Por este caso, se han realizado 21 exhumaciones y se han practicado 75 experticias (Foto. Archivo)

YVKE Mundial/Mayerling Jimenez/

Elia Oliveros, esposa de Carlos Hernández Arzola, una de las víctimas de lamasacre de Cantaura y quien pertenece a la Comisión por la Justicia y la Verdad, a través de un contacto telefónico con YVKE Mundial, manifestó que “están trabajando para que esa historia sea develada en su totalidad y para que los culpables, los que participaron en esa masacre, sean juzgado por sus acciones”.

Este viernes se cumplirán 31 años del asesinato de 23 guerrrilleros, 17 hombres y 6 mujeres miembros del “Frente Américo Silva” y por tal motivo "este sábado a las 10 de la mañana, se realizará un homenaje donde se recordarán a las víctimas de la masacre de Cantaura donde participará la Fiscal General de la República Luisa Ortega Díaz."

La masacre ocurrida en el estado Anzoátegui, el 04 de octubre de 1982, se realizó en el marco de una operación militar desarrollada por órganos de seguridad del Estado venezolano contra un grupo de personas pertenecientes al referido frente de luchadores sociales.

Por este caso, se han realizado 21 exhumaciones. Asimismo, fueron practicadas75 experticias (inspecciones técnicas, trayectorias intra-orgánicas, levantamiento planimétrico, identificación técnica en materia de explosivos, análisis audiovisual y coherencia técnica).

Las víctimas responden a los nombres de; Roberto Rincón Cabrera, Emperatriz Guzmán Cordero, Carmen Rojas García, Sor Alonso Salazar, José Núñez, Mauricio Tejada, Enrique Márquez Velásquez, Carlos Hernández Arzola, Idemar Castillo, Luisa Estévez Arranz, Baudilio Herrera Veracierto, José Becerra Navarro, Eumenedis Ysoida Gutiérrez Rojas, Diego Carrasquel, Luis Gómez, Antonio Echegarreta, Eusebio Martel Daza, Rubén Castro Batista, Nelson Pacín Callazo, José Zerpa, Carlos Zambrano Mira, Beatriz Jiménez y Julio Faría Mejía.

Por este caso, han sido imputados el exdirector general de la extinta Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip), Remberto Uzcátegui, exdirector de Inteligencia de la Disip, José Domínguez Yépez, y el excomandante del Batallón de Cazadores del Ejército “Coronel, Vicente Campo Elías Nº 63”, Ismael Antonio Guzmán.

Se les acusa por los delitos de concurso real en el homicidio calificado con alevosía y motivos innobles; y quebrantamiento de principios y pactos internacionales en materia de derechos humanos suscritos por el Estado venezolano.

Es importante resaltar que cuerpos de seguridad de la IV República, ejecutaron varias masacres, como la de Yumare, pues a cuatro años de haberse cometido la Masacre de Cantaura , el gobierno derechista de Jaime Lusinchi representado por el ministro de Relaciones Interiores, Octavio Lepage, y el jefe de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Antigua Disip), Henry López Sisco- volvió a ejecutar una operación dirigida a erradicar grupos de izquierda.

Fue así como el 8 de mayo de 1986, se perpetró una operación militar, realizada contra civiles en el sector Barlovento, caserío La Vaca del actual municipio Manuel Monge, en el estado Yaracuy.

Un total de nueve dirigentes sociales fueron capturados y posteriormente asesinados por un comando de la Disip, a las órdenes del entonces comisario López Sisco.

Tras realizar la ejecución, los efectivos de la Disip manifestaron que habían asesinado a estas nueve personas porque "formaban parte de la guerrilla". Sin embargo, los estudios criminalísticos y las evidencias ayudaron a demostrar lo contrario, y dejaron ver que lo de Yumare fue un ajusticiamiento, una masacre contra dirigentes sociales.

Con la llegada de la Revolución a Venezuela, en el año 1999, se dejaron atrás una de las épocas más oscuras y nefastas en nuestra historia. Una de las más evidentes características de la “democracia” practicada en los gobiernos de la partidocracia adeco-copeyana, donde reinó la impunidad y el irrespeto a los Derechos Humanos, factores que se diferencian notablemente de la democracia participativa y popular que se ejerce actualmente nuestro país.