miércoles, 3 de septiembre de 2014

¿Quién es Henry López Sisco?: Héroe y villano

Henry Rafael López Sisco, portador de la cédula de identidad V-3.150.542, nació un 24 de octubre de 1945 en el estado Sucre, es ex comisario de la Dirección General de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip) y reside en Costa Rica desde el año 2006, fue solicitado para extradición por Venezuela por perpetrar las masacres de Cantaura (1982), Yumare (1986), El Amparo (1988), el Caracazo (1989), además de haber participado del asedio a la embajada de Cuba (2002).Se considera el policía-comando más completo y temerario de Venezuela.
Así lo cuenta José Luis Carpio en su texto: López Sisco: El monstruo que fabricó la CIA en Venezuela: Típico macho hembrero, bebedor de whisky y conversador. Un ex compañero de la Disip le recuerda como un tipo hábil y resteado cuando iba a los cerros de Catia a “quebrar” malandros con un tiro de gracia en la frente. Bueno, era su gracia. Obsesionado por su lucha contra la guerrilla, este sujeto se formó en Inteligencia,
contrainteligencia, operaciones de sabotaje y destrucción del enemigo (comunismo). Sin ser militar, llegó a “estudiar” en la Escuela de las Américas, aquel centro donde EE UU formaba a los mercenarios para defender la democracia. Igual hizo cursos en Israel cuando el Mossad se infiltró en la Disip.
Sisco paso por la Dirección General De los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip), ingresó a la antigua PTJ en 1964 y posteriormente formó parte de la DIGEPOL, institución a la que pertenecía su padre.
Posteriormente se trasladó a EE.UU donde ingresó a la Escuela de Fort Bragg, sede del Centro de Entrenamiento en Guerra Psicótica, en el cual se formaron durante los años 60 y 70, cerca de 2 mil soldados americanos para realizar acciones paramilitares en Vietnam y Cambodia.
A su regreso a Venezuela, ingresó a la Disip y asume la creación de brigadas de intervención o grupos comandos dedicados a combatir la guerrilla, desde entonces se dieron a conocer sus actividades como “terrorista de estado”.
Al ex oficial de investigación se le atribuyeron algunas masacres que forman parte de la Historia contemporánea de Venezuela: Masacre de Cantaura, (1982), Masacre de Yumare (1986), masacre de El Amparo (1988), El Caracazo (1989), asimismo, fue responsabilizado de organizar el asedio a la embajada de Cuba (2002) y fue vinculado con José Sánchez Mazuco, organizando actividades de “autodefensa” en el estado Zulia.
Masacre de Cantaura (1982)
El 4 de octubre de 1982, se escribió una de las páginas más oscuras de la historia contemporánea en Venezuela. Ese día, 23 jóvenes guerrilleros, integrantes del Frente Américo Silva (FAS) del entonces movimiento de izquierda Bandera Roja, fueron masacrados por los organismos de seguridad del Estado, en el gobierno del copeyano Luis Herrera Campíns.
Un contingente de 400 funcionarios y efectivos, formaron parte de la operación en la que aviones Bronco y Camberra de la Fuerza Aérea lanzaron bombas y dispararon artillería pesada contra el campamento guerrillero, que celebraba el pleno del frente, en la zona de Changurriales, cerca de Cantaura, municipio Freites del estado Anzóategui.
Testimonios de los sobrevivientes, permitieron reconstruir la historia de un hecho que fue silenciado de manera oficial por más de 27 años. A la hora del café de la mañana, los guerrilleros escucharon el tronar de los aviones y las bombas que cayeron por sorpresa.
Relata el periodista Alexis Rosas en su libro, La Masacre de Cantaura, que luego de los cohetes y la metralla del ataque aéreo, no hubo muertos, pero a los pocos minutos, en lo que sería la avanzada por tierra, se reanudó el tiroteo a mansalva, por tres flancos y sin llamado a la rendición.
Aún después de que cayeran casi todos muertos, y con el resto huyendo, las balas continuaron. Los cadáveres, exhumados luego de haber sido enterrados en una fosa común por las autoridades, evidenciaron la saña del ataque. Los cuerpos estaban desmembrados, con heridas de bombas en las extremidades, múltiples impactos de bala, y 14 de ellos mostraron marcas de ajusticiamiento, con tiros en la nuca, o en la cabeza.
Los trabajos de investigación realizados, permitieron descubrir que la orden del gobierno, fue arrasar con los “subversivos”, y eliminar definitivamente “la amenaza” que representaba el FAS. La magnitud del ataque así lo demostró, pues habitantes de Cantaura han declarado que ese día, “era como si de pronto se hubiera desatado un huracán, se oía el rugir de los aviones y el intenso tiroteo”.
La masacre de Cantaura dejó 23 cadáveres, de los cuales 14 presentaban tiros en la nuca, es decir fueron cruelmente ajusticiados.
Masacre de Yumare (1986)
El 8 de mayo de 1986 se conoció uno de los hechos más lamentables de la historia contemporánea venezolana. En el sector Barlovento, Caserío La Vaca, sitio muy cercano a la población de Yumare, estado Yaracuy, fueron capturados y posteriormente asesinados 9 dirigentes sociales.
El comando perteneciente a la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP), al mando del Comisario Henry López, ofrecieron la versión “oficial” de que las personas asesinadas formaban parte de la guerrilla, pero las pruebas demostraban ajusticiamiento.
Los funcionarios que participaron en el presunto encuentro armado argumentaron que se desplazaban por un lugar boscoso cuando fueron objeto de una emboscada por parte de los ciudadanos fallecidos.
Pero las evidencias fotográficas se observa que la zona donde todos los ciudadanos murieron está poblada de vegetación baja, tipo pasto, grama y maleza, todos de muy corta altura, característicos de terrenos despejados, de gran iluminación.
De acuerdo a lo que se desprende de las experticias practicadas a los morrales y a su contenido, que portaban los ciudadanos fallecidos, los mismos no presentaban perforaciones ni daños por proyectiles ni esquirlas, cuando varias de las víctimas habían presentado orificios en la región dorsal.
Esta serie de incongruencias hacía insostenible la versión oficial de los funcionarios de la Disip y del Ministerio de Relaciones Interiores, que estaba al mando de Octavio Lepage.
25 años después de ocurrida aquella masacre la versión sostenida por los funcionarios que participaron en la operación y por los representantes del gobierno de Jaime Luisinchi, quedó desmontada este viernes, luego de que los fiscales del estado Yacacuy condenaron a 13 años de prisión al general retirado del Ejército, Alexis Sánchez, quien admitió su responsabilidad en la llamada Masacre de Yumare.
Durante los gobiernos de la IV República el asesinato de los 9 dirigentes sociales quedaron impunes, y no fue hasta el año 2006 cuando el Tribunal 6° de Control de Yaracuy admitió la querella interpuesta por los familiares de las víctimas.
La acusación contra el general Sánchez Paz, quien era coronel para el momento de los hechos y director de la Escuela del Comando de Operaciones del Ejército, se presentó en agosto de 2009.
En esa oportunidad también fueron acusados los ex funcionarios de la extinta Dirección General de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip): Oswaldo Ramos, Eugenio Creassola, Freddy Grangger, William Prado, Raúl Fernández, Adán Quero y Hernán Vega.
En junio de ese mismo año, el Ministerio Público también acusó al comisario jubilado de la Disip, Henry Rafael López Sisco, al tiempo que se pidió iniciar el proceso de su extradición desde Costa Rica.
A López Sisco se le imputan delitos de concurso real de homicidio calificado con alevosía por motivos innobles en grado de complicidad correspectiva en perjuicio de las nueve víctimas.
Este exfuncionario también es señalado por su participación en las masacre de El Amparo, Cantaura y El Caracazo, además de participar en el asedio a la embajada de Cuba en Venezuela durante el golpe de Estado de abril de 2002
Masacre de El Amparo (1988)
La Masacre de El Amparo fue un hecho acontecido el 29 de octubre de 1988 en Venezuela, específicamente en la localidad de El Amparo, municipio Páez del estado Apure fronterizo con Colombia, donde fueron asesinados 14 pescadores por funcionarios policiales y militares del Comando Específico “José Antonio Páez” (Cejap), durante el gobierno de Jaime Lusinchi, en una operación denominada “Anguila III”, que consistía en la lucha contra grupos subversivos colombianos. Las víctimas totales fueron 16, dos de ellas sobrevivieron.
Esta matanza fue coordinada por los jefes del Cejap el General Humberto Camejo Arias, el Coronel Enrique Vivas Quintero y el Jefe Nacional de Operaciones de la Disip Henry López Sisco. Los efectivos justificaron la acción alegando que los pescadores eran guerrilleros colombianos que posiblemente estarían preparando acciones en el territorio venezolano. Pero, casi la totalidad de las víctimas eran venezolanos sin antecedentes judiciales.
El Caracazo (1989)
El Caracazo o Sacudón fue una serie de fuertes protestas y disturbios durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez, que comenzó el día 27 de febrero y terminó el día 28 de febrero de 1989 en la ciudad de Caracas, e iniciados realmente en la ciudad de Guarenas, cerca de Caracas. El nombre proviene de Caracas, la ciudad donde acontecieron parte de los hechos, recordando a otro hecho violento ocurrido en Colombia el 9 de abril de 1948; el Bogotazo. La masacre ocurrió el día 28 de febrero cuando fuerzas de seguridad de la Policía Metropolitana (PM) y Fuerzas Armadas del Ejército y de la Guardia Nacional (GN) salieron a las calles a controlar la situación. Aunque las cifras oficiales reportan 300 muertos y más de un millar de heridos, algunos reportes extraoficiales hablan de 3500 personas fallecidas.
Las protestas se iniciaron en Guarenas (ciudad ubicada a 15 km al este de Caracas), la mañana del 27 de febrero de 1989, también se desatan los saqueos y la violencia en Caracas, la gente de escasos recursos de la capital, en zonas populares como Catia, El Valle, Coche y Antímano, toman el control de las calles. Los canales de televisión transmitían en vivo los hechos, al principio en los sectores populares había protestas pacíficas, pero ante el descontrol y la ineficacia de los cuerpos de seguridad, se producen más enfrentamientos, motines y protestas, cada vez tornándose de forma más violenta.
Desbordado por los saqueos, el Gobierno declaró el toque de queda, militarizó las ciudades principales y aplastó las protestas con violencia desmesurada. En la ciudad de Caracas se activó el “Plan Ávila”, el cual confería al Ejército la custodia de la ciudad, habilitándolos para el uso de armas de guerra al momento de contener las manifestaciones. Algunos utilizaron armas de fuego para defenderse o atacar a los militares, pero las muertes de policías y militares fueron incomparables con las muertes de civiles.
Según la cifra oficial emanada por el gobierno de CAP, los sucesos de febrero y marzo de 1989 dejaron un saldo de 276 muertos, numerosos lesionados, varios desaparecidos y cuantiosas pérdidas materiales. Sin embargo, estos números de víctimas quedaron desvirtuados por la posterior aparición de fosas comunes como La Peste, en el Cementerio General del Sur, donde aparecieron otros 68 cuerpos sin identificar, fuera de la lista oficial. “Nunca pudo conocerse la cifra exacta de civiles muertos en estos sucesos”, según se cita en el portal del Comité de Familiares de las Víctimas (Cofavic), de los sucesos ocurridos entre el 27 de febrero y los primeros días de marzo de 1989. En esta organización no gubernamental sólo se reunieron 42 familiares de fallecidos y desaparecidos y otras tres víctimas que quedaron incapacitadas, no obstante, la cantidad de civiles masacrados el 27 de febrero de hace 20 años y los días que siguieron es incalculable. De hecho, se habla de entre 2.000 y 3.000 personas asesinadas, aunque el entonces ministro Ítalo del Valle Alliegro contaba poco más de 300. En el libro Desaparición Forzada, sus autores, Yahvé Álvarez y Oscar Battaglini, señalan que las acciones por parte del gobierno de CAP el 27 de febrero alcanzan proporciones que las acercan al más brutal genocidio de la historia venezolana. Un fallo de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, 10 años después de la masacre al pueblo venezolano, ordenó al Estado venezolano indemnizar a los familiares de 45 personas asesinadas durante la revuelta social, todas representadas por Cofavic.
El Asalto de la embajada cubana
El 12 de abril de 2002, en las horas más tensas del Golpe de Estado contra Chávez, la Embajada de Cuba fue agredida por un grupo de manifestantes dirigidos por dos individuos identificados en Venezuela a la red del terrorista Luis Posada Carriles: Salvador Romaní, Ricardo Koesling a los cuales pronto se sumará su socio Henry López Sisco.
Agente de la CIA, ex oficial de la DISIP venezolana, hoy radicado en Miami, Luis Posada Carriles dirigió en Caracas durante años espectaculares operaciones de exterminio de jóvenes revolucionarios. Posada luego orientó actos de terrorismo contra Cuba entre los cuales el criminal atentado contra un avión civil de la Isla, que hizo 73 muertos de 1976
.
Luego enjuiciado, Posada se escapó de la cárcel de San Juan de los Morros, en 1985, con la ayuda de la CIA que lo utilizó en sus operaciones sucias de América Central, pero siempre conservó en Caracas su red de cómplices.
Koesling se encuentra asociado al terrorismo cubanomericano desde los años 70 y participó en la organización de esta fuga de Posada.
Romaní, un abogado de origen cubano, siempre estuvo a las ordenes de la tropa mafiosa de Miami.
Lopez Sisco, un ex comisario de la “DISIP”, estuvo durante años al lado de de Posada, torturando y desapareciendo a jóvenes “sospechosos” de rebelión, con Francisco Pimentel, Hermes Rojas, Joaquim Chaffardet.
Este 12 de abril del Golpe, Capriles – entonces alcalde del municipio de Baruta donde radica la embajada cubana – no solo se negó a tomar medidas para que su policía no intervenga para poner fin a los actos de violencia desencadenados por sus amigos Romaní, Koesling y una tropa de delincuentes, sino que alentó a los asaltantes, insistió para “inspeccionar” personalmente la sede diplomática – algo absolutamente contrario a las convenciones internacionales – para luego hacer declaraciones provocativas a la prensa golpista.
Estimulados por sus palabras, los “manifestantes” destrozaron seis vehículos del consulado, cortaron los servicios de agua y electricidad y mantuvieron virtualmente secuestrados a los diplomáticos cubanos mientras amenazaban penetrar violentamente en la sede diplomática.
Sin embargo, hay un suceso en el que efectivamente participó el “Hombre Comando”: Secuestro del avión El Zuliano, donde Henry López Sisco fue un héroe.
El 29 de julio de 1967 dos hombres armados secuestraron el vuelo 252, llamado El Zuliano, de Aeropostal, que iba desde Caracas Curazao con 82 pasajeros a bordo.
Uno de los secuestradores del vuelo El Zuliano era de Haití y el otro de nacionalidad dominicana. Ambos exigían dinero, armas y un helicóptero para sacar cinco hijos de la aeronave, de lo contrario harían explotar el avión.
Tres días después, el avión fue tomado por asalto por un comando de la DISIP, dirigida por el entonces comisario general Henry López Sisco.
La exitosa operación terminó con los dos secuestradores muertos, y los 82 rehenes liberados.
Así reseñó el diario La Nación el caso de Henry López Sisco:
Venezolano buscado por su país alega ser refugiado aquí
El expolicía venezolano Henry López Sisco, quien reside aquí desde al año 2006, fue solicitado para extradición por su país por la supuesta comisión de varios delitos, entre ellos el de homicidio.
La jueza penal de San José, Elizabeth Jarquín, ordenó su captura el jueves anterior y dio curso a la solicitud de extradición planteada por la Embajada de Venezuela.
El Tribunal de Justicia de Venezuela asegura que López está involucrado en los delitos de homicidio calificado, simulación de hecho punible y privación de libertad.
También, de violación de domicilio, abuso de autoridad, falso testimonio, falsedad de actos y documentos y uso indebido de arma de fuego.
Hasta ayer, las autoridades costarricenses no habían detenido a López.
La Nación habló con él por teléfono, y dijo: “En este momento estoy con mis abogados. Lo que nadie apunta es que yo soy refugiado. Por ahora, no quiero hablar”.
Refugiado. La Dirección de Migración y Extranjería confirmó que López mantiene el estatus de refugiado desde febrero del 2008.
De acuerdo con el artículo 111 de la Ley de Migración, ni los refugiados ni los asilados pueden ser deportados a su país de origen, donde su vida o su libertad peligrarían por causa de su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social o de sus opiniones políticas.
La jueza Jarquín le concedió el plazo de dos meses a la Embajada de Venezuela para que aporte la prueba que justifica la solicitud de extradición, una vez que López haya sido detenido.
Además, la jueza decretó en su resolución “el impedimento de salida del país del extraditable a fin de asegurar la efectiva aplicación de la ley para el sometimiento riguroso de este proceso”.
¿Qué hacía? Henry López Sisco fue el director de la Disip (Dirección General Sectorial de los Servicios de Inteligencia y Prevención, actual Servicio Bolivariano de Inteligencia de Venezuela).
Según el diario El Universal, de Venezuela, el Tribunal Supremo de ese país aprobó en octubre del 2009 la extradición de López Sisco por haber participado, supuestamente, en la llamada masacre de Yumare. Ese hecho ocurrió el 8 de mayo de 1986 en el caserío La Vaca, estado de Yaracuy, Venezuela.
En ese momento, fueron asesinados nueve dirigentes sociales, acusados de ser guerrilleros y desestabilizadores del orden social.
(Este compendio histórico, fue tomado de internet, no tiene nombre de autor)