miércoles, 8 de mayo de 2013


27 años después

Masacre de Yumare: De la impunidad a la justicia

Fotos: archivo
En el año 1999 con la llegada de la Revolución Venezuela, se dejó atrás una de las épocas más oscuras y nefastas en la historia reciente. Una de las más evidentes características de la democracia practicada en los gobiernos de la partidocracia adeco-copeyana, fue la impunidad y el irrespeto a los Derechos Humanos, factores que se diferencian notablemente de la democracia participativa y popular que se ejerce actualmente en el país. Durante aquellos el objetivo de eliminar la disidencia política y la defensa del socialismo, dejó como cifra de desaparecidos a cerca de 2 mil personas, los gobiernos emprendieron una cruzada contra todo movimiento de izquierda, cumpliendo con la política de persecución que Estados Unidos asumió para exterminar el comunismo en América Latina.
En este sentido, hace 27 años se conoció uno de los hechos más lamentables de la historia contemporánea venezolana, la masacre de Yumare que acabó con la vida de nueve personas inocentes: Rafael Ramón Quevedo Infante, Ronald José Morao Salgado, Nelson Martín Castellano Díaz, Dilia Antonia Rojas, Luis Rafael Guzmán Green, José Rosendo Silva Medina, Pedro Pablo Jiménez García, Simón José Romero Madriz y Alfredo Caicedo Castillo.
  Víctimas de la persecución política de la época llamada "democracia".  
Durante los gobiernos siguientes del régimen adeco-copeyano, el asesinato de los 9 dirigentes sociales quedaron impunes, y no fue hasta el año 2006 (20 años después), durante el mandato del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez, cuando el Tribunal 6° de Control de Yaracuy admitió la querella interpuesta por los familiares de las víctimas, dando paso a una serie de reivindicaciones para dejar atrás la sombra de la impunidad y abrir camino a la justicia.
A partir de entonces, comenzó un arduo trabajo que consistió en la exhumación de los restos de las nueve víctimas, se practicaron nuevas experticias, se citaron a los presuntos involucrados y la solicitud de remisión de los expedientes. El balance de este proceso judicial es una persona condenada, el general retirado del Ejército,Alexis Ramón Sánchez Paz, quien admitió su responsabilidad en el hecho, ocho acusados, una solicitud de extradición acordada por la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia contra Henry López Sisco y se está a la espera de la aprehensión de varias personas que han evadido la acción de la justicia.
  
Henry López Sisco
Prohibido olvidar
La masacre ocurrió el 8 de mayo de 1986, durante el mandato de Jaime Lusinchi, en el sector Barlovento, Caserío La Vaca, sitio muy cercano a la población de Yumare, estado Yaracuy, donde fueron capturados y posteriormente asesinados 9 dirigentes sociales, cuando las persecuciones, ajusticiamiento, desapariciones y torturas de quienes adversaban al Gobierno en búsqueda de mejoras y reivindicaciones sociales, eran comunes y convenientemente olvidadas.
Presidente de Venezuela, Jaime Lusinchi (1984-1989)
Funcionarios pertenecientes a la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip), al mando del Comisario Henry López Sisco, lograron infiltrarse como militantes de un partido de izquierda que trabajaba para conformar el Movimiento 5 de Octubre, lo que pone de manifiesto una rigurosa organización para acabar con la vida de los luchadores políticos y sociales. Como agentes encubiertos tenían como objetivo dar información sobre los sitios de reunión de este grupo rebelde, para consolidar la resolución criminal, que puede ser catalogada como “crimen de odio”.
  
Se acordó un encuentro entre los simpatizantes para el 9 de mayo de 1986, pero los asistentes comenzaron a llegar días antes. Un grupo de 18 personas comenzó su ascenso a una de las montañas cercanas al sector La Vaca. El 7 de mayo, en horas de la noche, decidieron dividir el grupo en dos: uno continuaría subiendo la montaña y el otro debía esperar cerca de la carretera a otras personas que venían al encuentro el día siguiente. En el equipo que continuó su caminata hacia la montaña estaba Alirio Rebanales, y en el otro se quedó su hermano Norberto, ambos efectivos de la Disip. En horas de la madrugada del 8 de mayo empezó la balacera.
No hay marcha atrás
La historia de Venezuela durante los primeros 40 años de democracia representativa estuvo caracterizada por la persecución política, cuando nunca existió el pronunciamiento de la Organización de Estados Americanos (OEA), ni la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ni otro organismo internacional en su momento por estos hechos. Además no hubo juicio, los sobrevivientes no tuvieron derecho a la defensa, no se cumplió con el debido proceso, los medios de comunicación no denunciaron el hecho, las víctimas no tuvieron un velorio digno, ni una tumba en paz, no hubo castigo para los culpables.
  
Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz. Comisión por la Verdad y Justicia.
Desde la llegada de la Revolución Bolivariana, el Gobierno Nacional ha impulsado la implementación de diversas medidas que contribuyan en la lucha de la impunidad, garanticen y respeten los Derechos Humanos, así como la prevención, investigación y sanción de hechos que los menoscaben, tal como lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Muestra de ello es la aprobación del proyecto de Ley para sancionar Crímenes, Desapariciones, Torturas y Violaciones de los Derechos Humanos por razones o causas políticas durante el período de la democracia puntofijista, la creación de la Comisión por la Verdad y la Justicia, además de las instancias correspondientes como el Ministerio Público y laDefensoría del Pueblo.
 
Noel Rodríguez

Un aporte valioso de la Carta Magna es la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, las violaciones graves a los Derechos Humanos y los crímenes de guerra. En consecuencia, están excluidos de los beneficios que puedan conllevar su impunidad, el indulto y la amnistía.
Como muestra de lo anteriormente mencionado, vale recordar las constantes investigaciones iniciadas por el Ministerio Público así como especialistas del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), para hacer justicia en casos como Fabricio Ojeda, Jorge Rodríguez (padre), Víctor Ramón Soto Rojas, los catorce pescadores asesinados en la masacre de El Amparo, así como también la exhumación de 21 de los 23 cuerpos de las víctimas de la masacre de Cantaura.
Homenaje póstumo a Noel Rodríguez
Asimismo es necesario mencionar al líder estudiantil Noel Rodríguez, quien fuera torturado y asesinado en 1973, cuyo cuerpo fue encontrado 40 años después en un nicho del Cementerio General del Sur, en Caracas y a quien el Gobierno Bolivariano rindió homenaje póstumo antes de entregar formalmente los restos a sus familiares. Igualmente, luego de las respectivas indagaciones, el 16 de junio de 2009 se llevó a cabo el acto velatorio de las víctimas de la masacre de Yumare en el Cuartel San Carlos en Caracas.
    
Para finalizar, la violación sistemática de los derechos humanos a la que fue objeto el pueblo venezolano durante el periodo de 1958 a 1992, marca un hito referencial en la historia política de la nación, considerado cobarde y alevoso por parte de un gobierno que buscaba infundir el miedo dentro de una población agobiada de los peores males de la partidocracia entreguista, arrodillada a los intereses del imperio estadounidense.
Junto con la tortura y las ejecuciones sumarias, la desaparición forzosa de miles de venezolanos no era más que una recomendación para enfrentar no solo a quienes eran considerados extremistas de izquierda o de sus intereses sino a todo aquel que “simpatizasen con manifestaciones o huelgas” o hiciesen “acusaciones sobre el fracaso del gobierno en solucionar las necesidades básicas del pueblo”, según lo establecen documentos desclasificados mucho después en Estados Unidos.

sábado, 4 de mayo de 2013


Foto: Archivo
Prensa PSUV.- En la madrugada del 4 de mayo de 1962 se inició en la ciudad de Carúpano, estado Sucre, un acto de rebelión en el Batallón N° 3 de Infantería de Marina y en el Destacamento Nº 77 de la Guardia Nacional.
El movimiento fue dirigido por el Capitán de Corbeta Jesús Teodoro Molina Villegas, el Mayor Pedro Vegas Castejón y el Teniente Héctor Fleming Mendoza.
Los insurrectos se alzaron contra el gobierno nefasto de Rómulo Betacourt ocupando las calles y edificios de la ciudad, el aeropuerto y la emisora Radio Carúpano, desde donde lanzaron un manifiesto a nombre del Movimiento de Recuperación Democrática.
El 5 de mayo las tropas gubernamentales tomaron el control de Carúpano y sus alrededores, capturando a más de 400 personas involucradas en la asonada, entre militares y civiles. Ante tales hechos insurreccionales, Rómulo Betancourt, firmo el mismo 4 de mayo de 1962 el Decreto N° 746 sobre la suspensión de las garantías establecidas en el ordinal 1º del artículo 60 y en los artículos 62, 63, 66, 71 y 115 de la Constitución vigente para ese entonces; así como una brutal persecución y criminalización de cualquier movimiento de disidencia.
El 9 de mayo firmó los decretos 750 y 751, ordenando que a los sublevados se le siguiese juicio militar con procedimiento extraordinario y autorizando la organización de los tribunales militares respectivos. También ese mismo día acusó al PCV y al MIR de estar involucrados en la sublevación, y expidió el Decreto Nº 752 suspendiendo el funcionamiento de ambos partidos en todo el territorio nacional.
Betancourt decretaba así la violación de los Derechos Humanos como política de Estado y que logró dar un viraje tras varias asonadas militares que se suscitarían en el país hasta la llegada del pueblo al Gobierno.
El Carupanazo fue el inicio de la relación cívico-militar que hoy vivimos y se expresa en soldados que se saben y se reconocen como pueblo en armas, fue uno de los primeros antecedentes de esa relación de Pueblo y Fuerzas Armadas que haría dialéctico en los posteriores combates y luchas por la liberación nacional y por la Patria socialista.