LUCHADORES POR LA PAZ

La represión estudiantil del puntofijismo Nueva década, acoso repotenciado
En los años 80 se resquebrajó el poder del pacto de Puntofijo debido al descontento social que generaron las políticas de sus gobiernos, pero la agresión contra los estudiantes fue de las más sangrientas en la historia contemporánea de Venezuela
A partir de la firma del Pacto de Punto Fijo, venezolanos y venezolanas con ideas progresistas iniciaron una lucha armada contra el gobierno, constituyéndose en frentes guerrilleros diseminados por todo el territorio nacional, pues se resistían a observar desde la barrera cómo una élite asociada a Acción Democrática y Copei manejaba el dinero y los destinos de la nación en perjuicio de quienes decían representar.

Estos frentes estuvieron conformados por un gran número de estudiantes, y las universidades fueron fuente de apoyo logístico a los rebeldes, razón por la cual, durante los gobiernos de la IV república no cesaron ni la persecución contra dirigentes estudiantiles, ni los allanamientos a las universidades.

Mientras el gobierno, amparado en la bonanza petrolera, propagaba las “virtudes” de un nefasto sistema de acumulación de bienes materiales, las universidades y los centros de educación media eran escenarios de discusión política sobre problemas tanto académicos como nacionales e internacionales.

En tanto, un grupo de estudiantes universitarios y de educación media ingresaba en las filas del frente guerrillero Américo Silva que, aún con la llamada pacificación del gobierno de Rafael Caldera, se mantenía en pie de lucha en contra del régimen del Pacto de Punto Fijo.

Cantaura, triste recuerdo

El 4 de octubre de 1982 en la población de Cantaura (estado Anzoátegui), fueron asesinados 23 jóvenes revolucionarios, casi todos estudiantes y luchadores sociales, durante la llamada “Operación Exterminio”, ejecutada por comandos policiales de la antigua Disip (Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención), a las órdenes de su propio director, Arpag Bango; y por un componente militar bajo el mando del entonces ministro de la Defensa, Vicente Narváez Churión.

Mandaba en el país un presidente copeyano, el proverbial Luis Herrera Campins.

Esa madrugada, los cuerpos represivos del Estado utilizaron helicópteros, aviones bombarderos Canberra y Bronco, así como más de 1.000 efectivos del Ejército y la Disip para asaltar el campamento donde se reunían, perpetuando uno de los crímenes más grotescos cometidos por los gobiernos del puntofijismo.

Durante la operación criminal murieron los estudiantes revolucionarios María Luisa Estévez Arranz (27), estudiante de Arquitectura en la Universidad Simón Bolívar (USB) y de Zootecnia en la de Oriente (UDO); Jorge Luís Becerra Navarro (20), estudiante de la UDO; Mauricio Tejada (24), estudiante de la Universidad Central de Venezuela (UCV); Julio César Farías Mejías (20), dirigente estudiantil de la Escuela Técnica Industrial (ETI) de Barcelona; Nelson Antonio Pacín Collazzo (23), cursante de Economía de la UCV; Enrique José Márquez Velásquez (32), alumno de la UDO-Sucre; José Miguel Núñez (29), estudiante de la UCV; Baudilio Valdemoro Herrera Veracierta (18), estudiante de bachillerato; Ildemar Lorenzo Morillo (23), cursante de la UCV; Carlos Alberto Zambrano Mira (31) y Sor Fanny Alfonzo Salazar, socióloga egresada de la UDO.

Este hecho, conocido como “la Masacre de Cantaura”, fue un fuerte golpe para el movimiento estudiantil, el cual se mantuvo alejado de la lucha armada durante varios años.

La “masacre” de Tazón

Si bien la crisis económica de 1983 fue el inicio del fin del sistema puntofijista, las universidades públicas fueron las primeras perjudicadas, puesto que el presupuesto destinado a la educación superior se redujo.

Debido a esto, las autoridades de diferentes universidades del país habían previsto generar ingresos a costa de los estudiantes, implementando medidas tales como el aumento del precio del comedor y el cobro tanto del transporte universitario como de los estacionamientos, entre otros servicios.

Ello impulsó a un grupo de estudiantes de la Facultad de Veterinaria y Agronomía (del núcleo de la UCV en Maracay) a trasladarse a Caracas en cinco autobuses con el objetivo de pedir un derecho de palabra en una reunión que se celebraría en el Rectorado para exponer las razones por las cuales no debían tomarse esas medidas.

Era el 20 de septiembre de 1984, tiempos de Jaime Lusinchi, el presidente bonachón.

Fue entonces cuando, por órdenes del entonces ministro de Relaciones Interiores, Octavio Lepage, quien fue avisado por Edmundo Chirinos, rector de la UCV, los autobuses fueron detenidos en la alcabala de Tazón por efectivos de la Guardia Nacional. Cuando los manifestantes quisieron mover los autobuses, ejerciendo su derecho a la protesta pacífica contra las órdenes impuestas, más de 200 estudiantes desarmados fueron abaleados sin contemplación.

El saldo fue de 32 heridos, ocho de gravedad.

Aunque no se registraron muertos, este hecho recibió el nombre de la “Masacre de Tazón” y mantuvo a estudiantes de todo el país en protestas de calle contra de la represión, durante varios días.

Balas contra piedras

En 1987 la situación del país en general y universitaria en particular, era un polvorín como consecuencia de las protestas por el desmejoramiento de la calidad de vida del venezolano.

Entonces, el asesinato del estudiante de la Universidad de Los Andes (ULA) Luís Carballo Cantor, el 13 de marzo de ese año, por motivos fútiles, a manos de un conocido dirigente adeco del estado Mérida, se convirtió en el detonante de fuertes protestas enfrentadas con una violenta represión policial.

Las fuerzas represivas del Estado allanaron e intervinieron la ULA, y acordonaron militarmente la ciudad de Mérida. La acción produjo numerosos detenidos y heridos, y generó un mayor malestar en el movimiento estudiantil nacional.

Poco más de un mes después, los universitarios volvieron a rebelarse en diferentes ciudades del país, en esta ocasión por el aumento del pasaje del transporte urbano.

Mérida, San Cristóbal, Caracas, Los Teques, Barquisimeto, La Guaira y Maracaibo fueron escenario de las manifestaciones con un agregado: se sumó el movimiento social organizado, el cual convocó a una marcha pacífica para el 30 de marzo de 1987.

Llegada la fecha, estudiantes de la Universidad Central de Venezuela (UCV) no pudieron salir a marchar porque la Policía Metropolitana irrumpió por la entrada de Las Tres Gracias de una forma tan brutal, que 30 estudiantes resultaron heridos (la mayoría por armas de fuego). Eran días de balas contra piedras y consignas.

En un comunicado del Consejo Universitario de la UCV, publicado en la prensa nacional el 4 de mayo de 1987, se describe la ferocidad del ataque: “Durante largo tiempo y bajo la mirada atónita de las Autoridades Universitarias, la Policía Metropolitana estuvo disparándole a los estudiantes. No pareció suficiente el atropello contra seres humanos, sino que con insólito ensañamiento, la policía arremetió contra los vehículos que se encontraban a su paso, destruyéndolos con las culatas de escopeta y disparando perdigones a los vidrios y carrocería de los automóviles estacionados”.

El texto narra cómo desde el rectorado se intentó, sin éxito, la comunicación con el presidente Jaime Lusinchi o con los entonces ministros del Interior, José Angel Ciliberto, y de la Secretaría, Carmelo Lauría, mientras seguía desarrollándose “el acto vandálico” de la PM “que arremetía disparando a quemarropa contra estudiantes que incluso yacían derribados”.

Hubo allanamientos de residencias estudiantiles privadas ubicadas en los alrededores de la ciudad universitaria y en parroquias caraqueñas.

El gobierno adeco, que al día siguiente de los hechos negó haber ordenado el allanamiento de la UCV, ante la contundencia del comunicado, justificó el desproporcionado ataque con la poco original excusa de que Venezuela estaba ante el desarrollo de un “plan terrorista calcado de los años 60”.

El 12 de mayo de 1987, fue allanada la Universidad del Zulia (LUZ). Durante la operación, en la que actuaron tanques de guerra del Ejército y vehículos antimotines de la Guardia Nacional, resultaron heridos cinco estudiantes de las facultades de Ingeniería y de Derecho.

El mandatario de la entidad, Omar Barboza (AD), aderezó la excusa gubernamental del combate al “plan terrorista de los 60”, cuando informó sobre la detención de dos presuntos guerrilleros colombianos en medio del operativo.

Una vez más la realidad ponía en evidencia la práctica de una renovada versión del terrorismo de Estado practicado por los presidentes del puntofijismo desde los años 60.
Prensa MinCI / Luis Eloy Pacheco